Demanda Gigliola Torres a Federación no disminuir recursos al FAM 

Morelia, Mich., 8 de junio de 2021. A que el Gobierno Federal en el ejercicio de sus atribuciones en la planeación, programación y ejecución de programas federales concurrentes en materia de educación, garantice la programación de presupuesto al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en cada ejercicio fiscal, como una previsión para que se apliquen de manera permanente programas para el equipamiento e infraestructura educativa de nivel básico, media superior y superior en las 32 entidades federativas, exhortó la diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García a la federación.

Durante la sesión celebrada este día, la diputada local expuso la necesidad de que el Congreso del Estado establezca como una prioridad la defensa de la educación, por ello, propuso un punto de acuerdo para hacer un llamado al Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones en la planeación, programación y ejecución de programas federales concurrentes, evite el recorte del presupuesto al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Además de no disminuir los recursos, dijo que se requiere buscar los mecanismos para que existan incrementos graduales en cada ejercicio fiscal, a fin de que dichos recursos sean aplicados en proyectos de infraestructura educativa.

“La dignificación de la educación parte no solo de sus contenidos educativos, sino de la mejora constante de sus espacios, en la visión donde se prepondera como principal elemento para el proceso enseñanza aprendizaje el desarrollo y mejoramiento de los ambientes educativos, siendo la premisa de que estudiantes, profesorado y directivos tengan acceso permanente a un funcionamiento adecuado de sus instalaciones, servicios sanitarios, sistemas de bebederos, mobiliario y equipo, accesibilidad e infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples”.

En Michoacán, expuso Gigliola Torres, se concentran un total de 9 mil 648 planteles de educación pública de los niveles de educación especial, básica, educación media superior y superior; mediante la inversión realizada de los programas federales concurrentes para la educación desde el año 2015 al 2018 se han ejercido un total de mil 800 millones de pesos que han permitido beneficiar a un total de mil 772 planteles educativos.” Dicha inversión significa un impacto del universo estudiantil de más de 995 mil 720 alumnos matriculados en todo el estado, inversión que se vuelve una mejora, además, para las y los profesores y directivos en la dignificación de sus centros de trabajo”.

Derivado de la coordinación con las dependencias de la administración pública federal con la entidad, en materia de educación se ha logrado aplicar el Programa Nacional de Bebederos Escolares, dividido en cuatro etapas que comprenden obras desde el año 2017 hasta el 2020 favoreciendo a 624 planteles alrededor del estado.

Además, aun cuando la figura de los fideicomisos fue seriamente cuestionada, el vigente Programa Nacional “La Escuela es Nuestra” ahora aplicado por la Secretaría de Bienestar de Gobierno Federal en Michoacán tuvo una inversión de 484.35 millones de pesos, los cuales han favorecido a más de 112 mil personas a través de equipamiento e infraestructura educativa.

Gigliola Torres argumentó que esta disponibilidad presupuestaria, con el paso del tiempo, se ha vuelto una fuente de financiamiento que como ya señalan las disposiciones transitorias del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, estas economías son un recurso utilizable para la inversión en infraestructura educativa.

Finalmente, recordó que en Michoacán como parte de la recuperación de economías marginales se obtuvo un monto equivalente al 0.034% del total del presupuesto aprobado para dichos programas, pero que aun cuando porcentualmente puedan parecer mínimos, dicha liquidez fue reorientado a los planteles prioritarios de conformidad con los padrones de beneficiarios de los Programas federales concurrentes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), así como de las escuelas que con datos de las dependencias federal y estatal en materia de educación requerían de cubrir sus necesidades de infraestructura y equipamiento.