Tramitan profesor y su hijo amparo para evitar detención o desaparición forzada, tras empujón de Silvano

Morelia, Mich., 16 de abril de 2021.-El profesor Fernando Padilla Vázquez y su pequeño hijo tramitaron un amparo indirecto ante la justicia federal contra órdenes de aprehensión, de tortura o de privación de su salario o contra actos de intimidación, por parte del gobernador del Estado, Silvano Aureoles y de parte de diversas instituciones, esto luego de haber sido agredido, en plena plaza principal del municipio de Aguililla.

A la fecha, el profesor ha informado que ha sido vigilado por personas desconocidas, además de recibir un llamada donde un presunto trabajador de la FGE le advirtió que la institución integraba ya una carpeta de investigación, para detenerlo, así como también ha recibido llamadas intimidatorias anónimas.

Fue este día, que el quejoso a través del despacho de abogados Mendoza-Oropeza Martínez y Asociados interpuso la demanda de amparo indirecto ante el juez de Distrito en el Décimo Primer Circuito.

En el documento, los quejosos piden que se les ampare contra posibles actos realizados por parte del gobernador, Silvano Aureoles, tales como: las órdenes de privar de la vida y/o detener arbitrariamente y/o incomunicar y/o torturar y/o desaparecer de manera forzada a los quejosos directos; así como la orden de privar al quejoso directo Fernando Padilla Vázquez de su salario como empleado de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán; además de actos de intimidación tendientes a privar e inhibir a los quejosos directos del ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y manifestación.

En estos actos están incluidos también el Fiscal General, Adrián López Solís y el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes.

Mientras que también el quejoso Fernando Padilla se amparó contra posibles actos de Héctor Ayala, secretario de Educación, como la retención de su salario; y finalmente contra dos jueces michoacanos, para evitar órdenes de aprehensión contra el profesor y su pequeño hijo.

Cabe señalar que el pasado 13 de abril, los quejosos se encontraban en la plaza principal de Aguililla, donde se manifestaba de forma pacífica, frente al gobernador, Silvano Aureoles y otras autoridades.

Fernando Padilla Vázquez portaba en las manos dos cartulinas que contenían los siguientes mensajes: “Quiero vivir libre en mi pueblo de Aguililla, Michoacán” y “Señor Gober, viaja por tierra para que veas la realidad en que vivimos”; mientras que el quejoso menor de edad portaba otra pancarta con el mensaje “Soy niño, ya no más violencia en Aguililla”.

Fue en ese momento que Aureoles Conejo se acercó al manifestante, lo empujó con la mano derecha y le dijo: “ya cállate cabrón”, y posteriormente el secretario de Seguridad, Israel Patrón le arrebató a Padilla una de las cartulinas que portaba y con ademanes, le exigió que se fuera del lugar.

Desde ese momento y hasta ahora, el quejoso directo Fernando Padilla Vázquez ha sido objeto de amenazas e intimidaciones de personas que han realizado llamadas telefónicas al quejoso directo y a sus familiares, amenazándolo con “desaparecerlo y asesinarlo” si “no se calma” y si “se atreve a denunciar”.

Al momento de la interposición de esta demanda, el quejoso directo no ha recibido su salario, y se presume que esta situación se presentó como represalia y como medio para inhibir al quejoso para ejercer su derecho a la denuncia frente al delito del cuál fue objeto, según se señala en la solicitud de amparo.

Así mismo, desde el 13 de abril de 2021 y hasta la fecha, el domicilio de los quejosos directos ha sido vigilado a la distancia por personas desconocidas que han sido observadas por los quejosos y por vecinos del lugar.

Por otra parte, “el 14 de abril de 2021 se comunicó telefónicamente con el quejoso directo un sujeto masculino, sin identificarse, afirmando que trabajaba para la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y que tenía conocimiento de que al interior de la institución se encontraban integrando una carpeta de investigación en su contra con el objetivo de detenerlo y sujetarlo a prisión preventiva, como medio para lograr callarlo”, destaca el documento.