Morelia, Mich., 11 de octubre de 2019.- Carlos Alberto G y Jesús Alberto M, los dos policías detenidos en flagrancia del delito de secuestro, pretendían cobrar una vieja deuda que dejó Rafael Chao López, el ex comandante de la Dirección Federal de Seguridad, icono de la corrupción policiaca mexicana.
En la audiencia de control de detención de los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se conoció que el secuestro de uno de los nietos de Chao López fue para cobrar una deuda que dejó de un millón de dólares que valían 60 kilos de droga aunque no se especificó de que tipo.
Probablemente los dos policías no lo sabían porque en las negociaciones bajaron su exigencia a 10 millones de pesos a cambio de la liberación del joven al que privaron de su libertad la mañana del pasado dos de octubre.
Aunque los familiares les decían que era imposible que pudieran reunir esa cantidad, les decían que hablaran con Rosaura para conseguir el dinero ya que Don Rafael había hecho mucho y había dejado muchas propiedades en Tijuana, Ensenada, Sonora y Sinaloa, incluso aquí en Morelia y “los de Querétaro querían la mitad y los de aquí la otra mitad”.
Nada personal en contra de la descendencia, les decían cuando le hablaban por teléfono a los familiares a quienes amedrentaban diciéndoles que tienen dominada a la policía y a los delincuentes, por lo no tenían ni para dónde hacerse más que cumplir su demanda.
En la audiencia se conoció también que la víctima estaba atada de manos con candados y encadenado de los pies, pero durante los seis días que permaneció privado de su libertad se le proporcionaron alimentos y abrigo.
Quedó claro que hay otros involucrados que todavía no son detenidos o presentados ante un juez de control y que los otros dos hombres detenidos junto con los dos policías, Juan Manuel y José Carlos son hermanos que apenas si son mayores de edad porque, por su apariencia juvenil, a uno de ellos la jueza le preguntó si ya los había cumplido.
Por lo pronto los hermanos ya se quedaron solos, con una defensora de oficio porque sus familiares no tienen para pagar abogados, mientras que los policías tienen a dos defensores privados cada uno.