Morelia, Mich., 7 de junio de 2022. El año anterior, el Estado Mexicano dejó de percibir alrededor de 13 mil millones de pesos debido a actos de corrupción.
Esto es, que “ese dinero dejó de ingresar a la Hacienda Pública, por lo que no se pudo ejercer en la satisfacción de las necesidades sociales en salud, educación, seguridad, etcétera. Por eso, decimos que la corrupción vulnera derechos”, expuso el magistrado Hugo Alberto Gama Coria.
Lo anterior, durante una conferencia en la Universidad Nova Spania, de Morelia, donde el magistrado titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) planteó el panorama nacional a propósito de este fenómeno.
Con base en datos de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig-2021) del Inegi, el magistrado Gama Coria señaló que la incidencia de corrupción se presenta en muy diversos espacios de la administración pública, si bien se ceba en:
Trámites para obtener un servicio público; contacto con autoridades de seguridad pública, sin distinción del nivel de gobierno; trámites ante el Ministerio Público y, trámites municipales.
Ahora bien, “todos los actos de corrupción vulneran derechos y, más específicamente, pueden vulnerar derechos humanos como el del acceso a la justicia, lo cual se concatena con efectos como la impunidad”, expuso.
Pero los efectos de la corrupción parecer contrastar con la aparente simpleza del acto en sí mismo. Decía el magistrado, “la corrupción no es otra cosa que actuar fuera de la norma en favor del interés propio. Pero este comportamiento desviado de quien participa en la estructura del servicio público puede violentar la razón de ser del Estado y, por supuesto, su funcionamiento”.
En contraparte, el Estado mexicano impulsa una política anticorrupción desde ámbitos muy diversos (los Poderes del Estado, la administración pública dependiente de los Ejecutivos, los órganos autónomos, etcétera) que se comunican entre sí con base en una estructura jurídica creada ex profeso, bajo la figura de un Sistema Nacional Anticorrupción y sus pares en las entidades federativas.
Esto y más es necesario, afirmó Gama Coria, porque “el Estado mexicano arrastra una insuficiencia presupuestal desde hace años y la corrupción agrava la situación. Y esto, significa que se encuentra en dificultades para responder a las necesidades sociales; hasta ahí llega la influencia de la corrupción”.
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