Arrancan capacitaciones 2023 en el TJAM

Morelia, Mich., 15 de febrero de 2023. Este miércoles dio inicio el Plan Anual de Capacitaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) con una conferencia a cargo del especialista Guillermo Escobar Roca, dirigida al personal de este órgano jurisdiccional autónomo.

Este plan anual es complementario al programa de Servicio Civil de Carrera, cuyo Reglamento fue aprobado por el Pleno del TJAM en fechas recientes, y publicado el 13 de febrero anterior, por lo que ha entrado en vigor formalmente.

Así lo expuso el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, durante la presentación del doctor Escobar, en las instalaciones del TJAM y donde apuntó:

“Con la aprobación del Pleno, el Tribunal tiene planes importantes en esta materia para el año actual, con cursos, conferencias y programas de formación permanente, entre los que se cuentan una Maestría en Transparencia y Responsabilidades Administrativas, un Diplomado en Administración Pública, convenios de colaboración con el Poder Judicial en el estado y, también, con universidades a fin de que nuestro personal, y sus hijos e hijas, puedan cursar estudios de licenciatura o posgrado con descuentos del 50 por ciento”.

Para nosotros, la capacitación ha sido un rubro destacado durante años –añadió el magistrado Gama– pero hoy se vuelve, además, precisa para el personal “ya que ha entrado en vigor el Reglamento del Servicio Civil de Carrera, el punto de partida para su permanencia y desarrollo al interior de este órgano de justicia”.

Derechos y Justicia Administrativa

Con el tema, “Derechos Humanos y Justicia Administrativa”, el doctor Guillermo Escobar Roca habló a las y los titulares de los juzgados, las coordinaciones y las secretarías, además de integrantes del Pleno del TJAM, sobre las evoluciones que ha tenido el derecho administrativo, y la justicia administrativa, durante las décadas recientes a la luz de los Derechos Humanos.

Escobar, quien es catedrático en la Universidad de Alcalá, España, y especialista en Derecho constitucional general y Derechos humanos y fundamentales, reconoció la valía de la justicia administrativa como una vía para “eliminar los ámbitos de impunidad del poder público”.

No obstante, también fue crítico al plantear que, a la fecha, esta rama del derecho y la justicia pondera las obligaciones de la administración pública, más que los derechos de los ciudadanos, en una lógica del derecho tradicional que ha funcionado durante siglos.

Actualmente, el derecho administrativo se traduce en obligaciones “exigibles –destacó– por parte de los ciudadanos a la administración pública a través de los tribunales”, pero ese aspecto –la exigibilidad– no siempre se encuentra en las Constituciones nacionales y los Tratados Internacionales y, la cuestión, es que si tales obligaciones no se expresan en la ley, son vanas.

Sobre esas líneas el doctor, quien ha sido asesor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló también sobre algunas visiones novedosas sobre la administración pública, “vista no como sujeto potencialmente vulnerador de los derechos”, sino como ente que puede garantizarlos, en tanto que ahora hablamos de derechos sociales cuyo carácter está en que pueden ser prestados por la administración, como el derecho a la salud, a la vivienda, y otros, en los que la Constitución Mexicana de 1917 fue pionera.

Por último en esta ocasión, el magistrado J. Jesús Sierra subrayó la importancia de la justicia administrativa y, sobre todo, “el carácter cotidiano que tiene, porque está estrechamente vinculada con la vida diaria de las personas.

“Y sin embargo, no tiene la misma recurrencia en tribunales como otras materias (lo familiar, lo penal, etcétera). Pero es necesaria, porque los ciudadanos viven injusticias cotidianamente por parte de las administraciones, especialmente del ámbito municipal”, señaló, y refrendó el interés del TJAM porque la justicia administrativa se socialice.

En esta primera sesión también estuvieron presentes la magistrada Lizett Puebla Solórzano, el magistrado Sergio Mecino Morales, y el magistrado por Ministerio de Ley, Santiago Manzo Chávez.