El encontronazo entre los poderes Ejecutivo y Judicial dejó en claro que el Consejo de coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal no es más que un elefante blanco que nos cuesta a los contribuyentes 12 millones de pesos al año.

Originalmente ese Consejo era para implementar el sistema penal acusatorio en Michoacán, el cual está vigente desde hace un año en todas las regiones judiciales por lo que,  para no desaparecerlo, se le facultó para dar seguimiento y evaluar su operación lo cual, evidentemente, no se está haciendo.

Si así fuera nadie estaría buscando culpables por la liberación de los poquísimos delincuentes que se logran detener, si es que lo son, porque en el ambiente permea más la idea de que se fabrican culpables y encarcelar inocentes es algo que no nos podemos permitir en aras de generar una percepción de que se hace justicia.

Justo en este punto llegó al Congreso del Estado la iniciativa de decreto de extinción del Consejo, la cual pidió expresamente el magistrado presidente del Poder Judicial, Marco Antonio Flores Negrete, desde el pasado mes de febrero, cuando rindió su primer informe de labores.

Sin embargo, vale la pena revalorar su extinción y permanencia porque, teóricamente, es la instancia que debería estar proponiendo los cambios que se requieran para que el sistema penal acusatorio, adversarial y oral funcione y muestre sus bondades que tiene sobre el sistema tradicional.

Dicho Consejo está integrado por parte del Poder Judicial por el presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, un magistrado, un consejero y un juez de primera instancia; por parte del Ejecutivo por los secretarios de gobierno y de Seguridad Pública, el Procurador y el Consejero Jurídico; por el Legislativo cuatro diputados; un representante del sector académico  y uno de la sociedad civil.

Tiene pues una conformación plural como para dar seguimiento y evaluar la operatividad del sistema de justicia de principio a fin por lo que resulta inverosímil que ocurran situaciones que provoquen exabruptos como el que tuvo el gobernador Silvano Aureoles Conejo hacia los jueces.