Rebeca Hernández Marín/La Balanza

Morelia, Mich., 16 de agosto de 2017.- La quinta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), confirmó el auto de no vinculación a proceso del joven al que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo y acusó de haber asesinado al padre de la diputada Rosa María de Torre.
Fue la magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza quien confirmó la resolución del juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio, región Morelia, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete, que apeló la PGJE.
La resolución del juez de no vincular a proceso, fue por insuficiencia de datos para establecer de manera razonable la probabilidad de que el joven cometiera el crimen, incumpliendo con ello el ministerio público su carga probatoria.
Según se estableció en audiencia pública el padre de la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue asesinado el pasado 18 de mayo, entre las 15:10 y 15:30 horas, cuando llegó a su domicilio a bordo de un vehículo de su propiedad, color rojo, el cual estacionó y descendió de él, dirigiéndose a la parte posterior.
Fue entonces cuando el agresor se acercó con un arma de fuego y al estar cerca de su víctima la accionó lesionándole en la cabeza, por lo que cayó de rodillas recargada en el vehículo; el atacante corrió a la calle Solidaridad, ocultando entre sus ropas el arma de fuego, y se subió a un vehículo de color blanco que lo esperaba.
La acusación del joven se hizo con base en unos videos que no se presentaron, un testigo que no vio el crimen ni identificó al supuesto agresor y unos retratos hablados que no coincidieron con la persona identificada como el homicida.
Los videos los tenía la autoridad ministerial antes de que formulara la imputación, incluso fueron aprovechados por los defensores para llevar a cabo su propia dictaminación, pero esa información no fue la que se dio a conocer al tribunal.
Lo que el ministerio público presentó fue un informe sobre el contenido de dichos videos “una mera descripción de las cintas sin justificación de la necesidad de que mediara un perito entre el órgano de prueba y el juez”, el cual no se tenía al momento de la formulación de imputación, por lo que fue excluido.
El ministerio público presentó también un testigo quien dijo haberse encontrado en el lugar y momento del crimen, que vio al imputado momentos previos a la muerte de la víctima, que le vio igualmente acercarse a él, momento en que escuchó un ruido que describió como de una “palomita”, y finalmente que vio al agresor alejarse a la vez que ocultaba un arma de fuego.
De acuerdo con la versión pública de la sentencia, el testigo proporcionó una serie de detalles que se corroboran con las inspecciones de perito criminalista y agente de investigación constituidos en el sitio – según argumento del Ministerio Público- como las características del vehículo propiedad de la víctima; que detrás de éste se hallaba un vehículo Jeep color gris, y aún detrás de éste una camioneta de color blanco; el lugar del evento. También estableció conocer al imputado, lo que es creíble dada la manera en que asevera ello ocurrió.
“Empero, no siguió la mecánica del encuentro entre la víctima y el imputado, es decir, que aún y cuando había visto al segundo de ellos en la esquina, después acercarse a la víctima, no se percató si acaso los mismos discutieron o forcejearon en modo alguno, ni el momento mismo del disparo.
“Sin embargo, en la presente habremos de considerar tan detallado relato, así es posible exigirle al citado testigo continuara con ese seguimiento puntual, o lo que es lo mismo, no es coherente la aportación de tantos detalles previos y posteriores al hecho, y la omisión de ellos en el momento mismo del evento penalmente relevante”.
Se conoció que cuando el testigo vio a la víctima, como desmayado detrás de su vehículo, él simplemente siguió laborando e incluso después vio llegar a familiares de la víctima y, de acuerdo con el juez existe un principio de solidaridad mínima que resulta exigible para todos los miembros de la comunidad, para ayudar o pedir auxilio, lo que inexplicablemente no hizo.
“Es posible inferir, por una máxima de la experiencia, que el testigo experimentase temor de verse involucrado en un hecho de esta naturaleza pues al tratarse de un evento violento se pueden conocer riesgos por dar información, no obstante lo cual, ello no se correspondería con su presentación voluntaria ante el ministerio público para ser entrevistado –según introdujo el representante social al exponer este dato de prueba-, de ahí que no sea dable concederle ese temor. Por tanto, este dato de prueba no guarda congruencia interna, de ahí que resulte innecesario analizar su coherencia externa”.
Además, en una entrevista que le hizo la defensa, el testigo dijo que en ningún momento señaló que el imputado fuera la persona a quien vio acercarse a la víctima, y que además no le dieron lectura a la entrevista que realizaron los agentes policiacos, por lo que el juez decidió valoró las declaraciones dependiendo de su razonabilidad.
Esto porque el ministerio público lo único que dijo fue que no supo de las circunstancias en que se llevó a cabo la entrevista de la defensa, pero la legislación permite que los abogados recaben pruebas de descargo con la única exigencia que queden debidamente registrados, lo que así ocurrió y como el ministerio público no objeto la declaración que negaba la identidad del imputado, además de que nunca justificó cómo llegó con el testigo presencial sino que se presentó voluntariamente , se dio por válida.
Respecto a los retratos hablados, se estableció que constituyen una técnica de investigación cuya finalidad es conocer la fisonomía de alguien desconocido, pero cuyos rasgos pueden ser proporcionados por la víctima o un testigo, y que eventualmente podrán llevar a la identidad de la persona descrita, por lo que fueron inválidos para determinar la intervención del imputado.
“Luego, ¿cuál era el objeto de esta técnica si ya se conocía su identidad?, máxime que en este punto existen otros actos de indagación tales como la identificación por fotografía. Aún considerados tales retratos hablados, era menester establecer la correspondencia de éstos con la persona del imputado, lo que no se hizo.
“Contrario a ello, el perito particular que compareció en audiencia, concluyó que no se correspondían; experticia que resulta confiable dado que señaló las técnicas utilizadas para ello y fue sometido a contradicción por las partes, sin que cayera en contradicciones o dudas”.
También se conocieron las entrevistas de dos hermanos y madre del imputado, quienes establecieron como coartada que se encontraba con ellos en su domicilio durante el crimen, lo que implica conforme al principio lógico de identidad que no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque precisamente por ser sus familiares no se les dio mayor valor de descarga.