En México, la semana pasada ha sido de retrocesos para la justicia: a) El Senado de la República aprobó triplicar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, y b) el senador de Morena Alejandro Armenta anunció que propondría una iniciativa para imponer castración química a violadores de mujeres y niños, niñas y adolescentes.

Respecto del primer punto, numerosas organizaciones de la sociedad civil —incluides nosotres—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraría de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han insistido en la inconvencionalidad de esta figura, por violar los derechos al debido proceso y la libertad personal, y contravenir los principios del sistema penal acusatorio. Sin embargo, las y los senadores decidieron darnos atole con el dedo presentando la ampliación de esta ineficiente y arcaica figura para «luchar contra la delincuencia», que ni ayuda a una mejor investigación, ni crea incentivos para que les ministerios públicos cumplan con sus responsabilidades constitucionales.

En cuanto al segundo punto, la propuesta del senador morenista Armenta es una burla a las mujeres que me horroriza. La castración química consiste en la ingesta de fármacos que reducen los niveles de testosterona controlando la libido, lo cual tiene una duración temporal, por lo que las personas deben ser monitoreadas y sometidas a más de una intervención. Tal medida, que existe en países como la India, Turquía, Estados Unidos de América y Republica Checa, viola derechos humanos —en particular los derechos de las personas a la privacidad y a no ser sujetas a intervenciones o experimentos médicos sin su consentimiento—[1], parte de una visión patriarcal y es ineficiente.

La castración química tiene una visión patriarcal: concibe al hombre como un «animal que no puede controlar sus impulsos» o un «enfermo que debe ser curado», cuando en realidad hablamos de perfectos hijos del patriarcado, entre quienes la violación suele ser utilizada como mecanismo de opresión y poder sobre las mujeres

Esto constituye un retroceso al punitivismo penal para atender la violencia de género, que no arregla el problema de raíz, sino que lo individualiza. Es evidente que esta «respuesta» a la violencia contra las mujeres tiene una visión patriarcal, pues concibe al hombre como un «animal que no puede controlar sus impulsos» o un «enfermo que deben ser curado», cuando en realidad hablamos de perfectos hijos del patriarcado, entre quienes la violación suele ser utilizada como mecanismo de opresión y poder sobre las mujeres.

Además, la castración química no es efectiva porque la autoridad debe de citar a la persona para que sea inyectada tres veces al mes; los efectos de estos medicamentos pueden ser revertidos con otras drogas, y tampoco resuelve la discriminación y violencia contra la mujer.

Ciertamente debe de existir una consecuencia contra la violencia sexual hacia las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, pero esta modalidad da pie a una «respuesta» inútil en lo individual y en el contexto social patriarcal en el que estamos inmerses.

Por otra parte, los miembros del Congreso de la Unión deben de tomar en cuenta el contexto de violencia y corrupción prevaleciente en México, donde es habitual la fabricación de culpables sometiendo a personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o tortura, así como plantándoles pruebas como armas o drogas.

Es lamentable, en suma, este tipo de iniciativas, por ineficientes y violatorias de derechos humanos.

[1] Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 1 de la Convención Contra la Tortura