A 3 años de la tragedia de Ayotzinapa, ¿qué cambios deben producirse en la nueva Fiscalía General?

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas, el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación y judicialización del llamado «Caso Iguala» no ha producido los resultados esperados, lo cual genera gran descontento en la sociedad mexicana, traduciéndose en numerosas movilizaciones.

Hasta el momento no se ha podido averiguar el paradero de las 43 personas desaparecidas y recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por los niveles críticos de desaparición forzada en México, que alcanzan ya 30 mil personas.

A pesar del importante proceso de reforma al sistema penal realizado a través del Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, no se ha logrado revertir las elevadas tasas de impunidad, situación que nos impone ciertas interrogantes.

En primer lugar, ¿por qué después de la ambiciosa reforma procesal penal a nivel nacional ―implementando la oralidad y capacitando a un número elevado de operadores― no se logran resultados positivos en la investigación y el juzgamiento de delitos?

Hasta el momento, las transformaciones en el proceso penal mexicano solo han supuesto una adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos, así como una mejora en la celeridad del sistema, gracias a la modernización de los procedimientos y las instituciones.

Pero tales cambios no han traído aparejada una mejora de los resultados en la persecución penal. Esto debido, entre otros factores, a la poca capacidad de los organismos acusadores (estatales y nacionales) para implementar una política de persecución penal estratégica, que permita gestionar adecuadamente la carga de trabajo y obtener resultados positivos mediante la adecuada selección de casos.

Para que se produzca este cambio de paradigma en la gestión de las fiscalías es necesario articular una serie de políticas institucionales orientadas a la optimización de los recursos, focalización en determinados delitos de forma estratégica y generación de modelos de gestión y organización para el tratamiento de los procesos de trabajo críticos, como la desestimación de casos y la litigación en audiencias orales, entre muchos otros.

Una segunda pregunta: ¿Qué aspectos deberían cambiar en el tránsito de la PGR a la nueva Fiscalía General República (FGR) para que esta pueda dar resultados positivos en la investigación de casos complejos como el de los 43 normalistas?

El Caso Iguala nos permite identificar aspectos que acreditan que la PGR tiene severos déficits institucionales y en sus prácticas de trabajo, que han provocado este bajo desempeño en la investigación. En un artículo publicado hace dos años en la revista Sistemas Judiciales destacábamos aspectos a mejorar en su funcionamiento interno, entre los cuales ahora me centraré en tres.

Un primer aspecto fundamental es la necesidad de que la Fiscalía General se constituya como organismo autónomo para llevar adelante con mayor libertad aquellas investigaciones en las que pueda existir participación del Estado. Ayotzinapa claramente muestra varias suspicacias desde el punto de vista de la relación entre organismos públicos y los acontecimientos. Las más evidentes serían la cercanía del 27 Batallón de Infantería de Iguala al lugar de los hechos o la presencia de integrantes de la Policía Federal en los operativos que condujeron a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. En la actualidad, la sociedad civil mexicana está realizando una intensa campaña en favor de la autonomía institucional de la Fiscalía General de la República a través de la campaña por una #FiscalíaQueSirva.

Por otro lado, la investigación de la desaparición de los 43 normalistas nos permite identificar grandes falencias en la construcción de una Teoría del Caso que debiese ser coherente autosuficiente y verosímil. Esta debilidad se puede constatar en las inconsistencias de la “verdad histórica” del caso defendida por la PGR tal y como señalan los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.

En tercer lugar, la metodología de trabajo de la PGR basada en el expediente escrito tampoco es la idónea para la realización de una investigación compleja de estas características. Por ejemplo, un año después de los hechos el expediente ya sumaba 115 tomos, cada uno de entre mil y 2 mil páginas. Esta forma de entender la investigación como un trabajo de acumulación de diligencias y oficios relacionados no permite realizar un trabajo desformalizado y estratégico de investigación criminal.

A modo de cierre, es importante enfatizar la importancia de que se intensifiquen los debates que se están dando acerca de la configuración de la nueva Fiscalía General de la República. Ante las elevadas tasas de criminalidad compleja existentes, la nueva Fiscalía tiene la responsabilidad de realizar las transformaciones necesarias para revertir la situación de impunidad en México y abrir un nuevo periodo regido por el esclarecimiento de los delitos y la confianza en las instituciones.