Ana Aguilar García /La Balanza

«A pesar de toda esta dolorosa evidencia, la sociedad mexicana ha permanecido indiferente a [al] “genocidio carcelario” y a la injusticia de la prisión preventiva, en tanto que las autoridades consideran al encarcelamiento sin sentencia como un mal necesario, cuya dimensión, aunque contraria a los principios constitucionales y del derecho internacional, se pretende justificar con argumentos de política criminal».

Esto nos decía Guillermo Zepeda Lecuona en Mitos de la prisión preventiva en México… ¡en 2004! Quince años después, a pesar de la evidencia y con millones de recursos humanos y financieros invertidos en la implantación de un sistema de justicia penal acusatorio fundado en la presunción de inocencia, las y los legisladoras de Morena —con importante apoyo de los de oposición— aprobaron una reforma constitucional que agrega nueve tipos penales al Artículo 19 constitucional, el cual obliga a los jueces a dictar prisión preventiva de oficio a las personas imputadas por tales delitos. Claro, falta el paso por las legislaturas locales, pero desafortunadamente el panorama no es alentador.

Como bien se dijo en las comparecencias de expertos —en un supuesto ejercicio de parlamento abierto—, no existe justificación alguna desde el punto de vista de los derechos humanos para imponer la prisión preventiva automática.

«La extensión de medidas punitivas es proporcional al incremento de la exclusión social, y un sistema penal autoritario suele acoger naturalmente a quienes han sido excluidos ya de otras formas de participación política»

Se sabe que el vínculo entre democracia y sistema penal es débil y, en la realidad, muchas veces hostil. Ferrajoli[1], por ejemplo, piensa que la tergiversación de la democracia liberal es el origen del populismo penal, entendido este como la estrategia de los sistemas políticos que utilizan coyunturalmente el poder punitivo frente al miedo que produce la criminalidad, al valerse del consenso popular mayoritario para definir políticas de «mano dura».

Múltiples investigaciones llaman la atención sobre el peligro de estas políticas para la vida democrática, pues ponen en entredicho nuestras libertades y el ideal de igualdad. La extensión de medidas punitivas es directamente proporcional al incremento de la exclusión social, y un sistema penal autoritario suele acoger naturalmente a quienes han sido excluidos ya de otras formas de participación política.

Nuestra democracia nos acaba de dar eso, una medida detrás de la cual no hay más seguridad ni más justicia. Aprobar esta medida excepcional permanente, que nos cuesta a todxs, es renunciar a fortalecer el sistema acusatorio y las capacidades de sus operadores, renunciar a investigaciones eficaces, renunciar a la verdadera lucha contra la impunidad. Es más de lo mismo y, quizá, algo peor.

Aunque debemos darles las gracias por algo: Quienes actuamos desde la sociedad civil organizada tendremos más trabajo, ahora con una ruta conocida y el ánimo de explorar otras estrategias políticas y jurídicas para resistir y liberarnos del autoritarismo penal. Por eso también decimos, como IJPP, ¡#SíConLasOSC!