El sismo [septiembre 19, 2017] exacerbó realidades que se viven, de por sí, de manera cotidiana en México. Desde los primeros días se difundió información sobre el tratamiento inadecuado a los cuerpos sin vida rescatados de entre los escombros, evidenciando algo que no es novedad: La falta de aplicación de protocolos para el manejo e identificación de personas fallecidas.

Y es que, aunque pareciera que tenemos una intensa relación cultural e incluso festiva con la muerte, la realidad nos ha rebasado; nos encontramos constantemente con historias de terror en las que servidoras y servidores públicos dieron ese mal trato a las víctimas.

Los cuerpos sin vida de los migrantes de San Fernando [Tamaulipas] expuestos durante días a la intemperie y amontonados en el piso, en bolsas de plástico y en una caja de tráiler. Y el caso de Tetelcingo, donde la Fiscalía General del Estado de Morelos enterró en fosas ilegales a más de 100 personas víctimas, algunas de ellas sin que se abriera al menos una carpeta de investigación, provocando que quienes querían reconocer y reclamar el cuerpo de un familiar pasaran por un viacrucis de burocracia y revictimización, son solo un par de ejemplos del tratamiento inadecuado a cuerpos.

En el 19S, si bien el contexto fue diferente, el problema estructural es el mismo: La vulneración a la dignidad tanto de la persona víctima como de sus familiares.

Al respecto, en un caso semejante la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que «la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitaran la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a los familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida».

Es importante recordar que el manejo e identificación de personas fallecidas es regulado a nivel nacional, entre otras normativas, por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Civil Federal y el Protocolo Para el Tratamiento e Identificación Forense.

Existen además estándares internacionales como los previstos en las Directrices Operacionales del IASC sobre la protección de las personasen situaciones de desastres naturales y la Guía práctica para equipos de respuesta «La gestión de cadáveres en situaciones de desastre”, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Si bien al día de hoy la información sobre el tratamiento y ubicación de las personas que perdieron la vida durante el sismo continúa siendo difusa e inexacta, le recordamos a la autoridad que los cuerpos no son desecho, las víctimas fallecidas deben de ser tratadas en todo momento con respeto a su dignidad.